SANTO MINGO, República Dominicana.-Funcionarios del Concejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) dispusieron de fondos millonarios de la institución para comprar vehículos de lujo que luego matricularon a sus nombres o vendieron por sumas irrisorias, como 1 peso con 12 centavos o sólo 1 peso.
Además, autorizaron donaciones ilegales de vehículos propiedad de ese organismo, sin que fueran descargados por la Dirección General de Bienes Nacionales, según revela una auditoría financiera de la Cámara de Cuentas de la República, relazada en 2010.
La Dirección Ejecutiva del Consejo de Zonas Francas aprobó la compra de cuatro yipetas para sus principales ejecutivos, cubriendo la institución el 75% de su costo y los beneficiados el restante 25 por ciento restante.
Para tales fines el organismo desembolsó la suma de 5 millones 100 mil pesos.
Las Marcas y los modelos de los vehículos no fueron consignados en el informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, copia del cual reposan en los archivos de Acento.com.do.
La lista de los funcionarios favorecidos la encabezan la directora ejecutiva de esa entidad, Luisa Fernández; Daniel Liranzo, Sub director Ejecutivo; José Benedicto Fernández, sub director de Servicios Aduanales, y Ana Jiménez, encargada Administrativa.
Los miembros del Consejo Directivo justifican la operación a favor de los funcionarios, bajo el argumento de que los vehículos serían usados en labores de la institución.
La incumbente del organismo, Luisa Fernández, adquirió una yipeta por la suma de 2 millones 500 mil pesos, de cuyo monto la institución cubrió la cantidad de RD$ 1 millón 875 mil, equivalente al 75% de su costo.
Mientras, los ejecutivos Daniel Lorenzo y José Benedicto Hernández compraron dos vehículos, cada uno por RD$ 1 millón 600 mil, de los cuales recibieron un bono por separado de RD$ 1 millón 200 mil.
Bajo el mismo procedimiento, Ana Jiménez, encargada administrativa, adquirió un vehículo por la suma de RD$1 millón 100 mil, recibiendo RD$ 825 mil para cubrir el 75% del costo general.
Las yipetas fueron compradas a la compañía Todo Auto S.A, mediante autorización número 2-10 del Consejo Administrativo de fecha 27 de agosto de 2010, aunque todos los cheques tienen fecha del 28 de abril de ese año, según revela el documento de la Cámara de Cuentas.
Para ejecutar las referidas compras, el Consejo de Zonas Francas canceló dos certificados financieros, según costa en la cuenta Compensación para la Compra de Vehículos, número 610115, de esa entidad, por valor de 5 millones de pesos.
La Cámara de Cuentas considera ilegal la medida tomada por el Consejo Administrativo, porque según los técnicos auditores se violaron las normas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
“Los estados financieros referidos a la gestión de la hacienda pública deben demostrar que los recursos que recibe el Estado han sido empleados para el bien común”, precisan los auditores.
Vehículos donados a funcionarios y empleados
La Comisión Ejecutiva autorizó también la donación de cinco vehículos del patrimonio de esa institución, sin que fueran descargados por la Dirección General de Bienes Nacionales, como ordena la ley.
Los vehículos donados son dos camionetas Mitsubishi y una Nissan Sentra, un minibús Hyundai y una yipeta Mitsubishi, a los cuales les fueron aplicadas depreciaciones que van desde un 95 hasta un 99% del valor adquirido, subraya la auditoria.
Los auditores destacan, en su infirme, la “venta” del minibús Hyundai modelo 2003, que fue adquirido por la institución por 394 mil pesos, y se le aplicó una depreciación de 393,998, pesos, siendo adjudicado a uno de sus funcionarios por la suma de 1 peso con12 centavos.
Además, los auditores de la Cámara de Cuentas censuran la donación de una camioneta Nissan, modelo 2001, que había sido comprada en RD$ 310 mil, y luego fue vendida a un ejecutivo del organismo oficial por sólo RD$ 4 mil 952.
Los demás vehículos fueron “vendidos” por un monto inferior a los 4 mil pesos, incluyendo una yipeta Mitsubishi adjudicada por sólo RD$1.00.
La parte legal de la auditoría establece que la Comisión Ejecutiva del CNZFE no se amparó en la Ley 1832, que crea la Dirección General de Bienes Nacionales, para autorizar este tipo de donaciones, por tanto las considera ilegales.
El informe señala que la Comisión Ejecutiva debió acogerse al artículo 31 de dicha Ley, que establece: “Ninguna institución o funcionario público puede vender, prestar, permutar o de cualquier otro modo disponer de los bienes muebles perteneciente al Estado que estén bajo su custodia sin la previa autorización de la Dirección General de Bienes Nacionales”.
Otros equipos y mobiliarios en desuso del inventario de varias zonas francas fueron entregados en donación a empleados de ese organismo por la Dirección Ejecutiva del CNZFE, sin ser descargados previamente por Bienes Nacionales.