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SANTIAGO. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago otorgó una garantía económica de 2 millones de pesos a cada uno de los implicados en el fraude por más de 100 millones de pesos contra las oficinas regionales de Aduanas en esta ciudad.
Con la decisión el tribunal, presidido por la magistrada Francisca Gabriela Garcia, varía la prisión preventiva de ocho meses, de Herald Estévez Peña, Miguel Ángel Lazala y Adalberto Rosa, quienes eran empleados de la entidad estatal.
Los acusados deben presentarse los días 30 de cada mes por ante la Procuraduría Fiscal de Santiago. Y además se les impuso impedimento de salida del país.
El 27 de julio pasado la Dirección General de Aduanas (DGA) sometió a la Justicia a los tres imputados a quienes se acusa de haber despachados furgones repletos de artículos sin aplicar la verificación y controles aduaneros.
Según la fiscal de Santiago, Yenny Berenice Reynoso, la evasión de impuestos en las oficinas regionales de Aduanas se calcula en más de 100 millones de pesos.
De acuerdo a la representante del ministerio público, el grupo supuestamente recibía un estimado de entre 800 mil pesos y 900 mil pesos a la semana por dejar pasar los contenedores sin ser verificados.
La población santiaguera ha seguido con atención este caso por la relevancia social de los implicados.
Con la decisión el tribunal, presidido por la magistrada Francisca Gabriela Garcia, varía la prisión preventiva de ocho meses, de Herald Estévez Peña, Miguel Ángel Lazala y Adalberto Rosa, quienes eran empleados de la entidad estatal.
Los acusados deben presentarse los días 30 de cada mes por ante la Procuraduría Fiscal de Santiago. Y además se les impuso impedimento de salida del país.
El 27 de julio pasado la Dirección General de Aduanas (DGA) sometió a la Justicia a los tres imputados a quienes se acusa de haber despachados furgones repletos de artículos sin aplicar la verificación y controles aduaneros.
Según la fiscal de Santiago, Yenny Berenice Reynoso, la evasión de impuestos en las oficinas regionales de Aduanas se calcula en más de 100 millones de pesos.
De acuerdo a la representante del ministerio público, el grupo supuestamente recibía un estimado de entre 800 mil pesos y 900 mil pesos a la semana por dejar pasar los contenedores sin ser verificados.
La población santiaguera ha seguido con atención este caso por la relevancia social de los implicados.