REYNOSA, México.- Las autoridades mexicanas han identificado a 31 de los 72 centro y sudamericanos masacrados cerca de la frontera con Estados Unidos presuntamente por el cartel de Los Zetas, que según el único sobreviviente actuó en represalia por la negativa a ser reclutados por el grupo.
El presidente Felipe Calderón informó que el fiscal Jaime Suárez Vázquez, que participó en las investigaciones iniciales del caso, está desaparecido desde el miércoles.
Agregó que el único capturado hasta la fecha como sospechoso de colaborar con la matanza es un chico de 16 años. Afirmó que el hecho refleja "la urgente necesidad del Estado de actuar con políticas en favor de los jóvenes, pero también límites en el proceso de reclutamiento que están teniendo las bandas" delictivas.
El sobreviviente, Luis Freddy Lala Pomavilla, dijo que fueron interceptados en una carretera por cinco vehículos, según declaraciones que hizo a las autoridades y a las cuales The Associated Press tuvo acceso.
Más de 10 hombres descendieron y se identificaron como Zetas, relató el migrante ecuatoriano que logró escapar y llegar hasta un retén de la Armada de México.
Los migrantes fueron atados de las manos y llevados a un rancho, donde Los Zetas les demandaron trabajar para ellos.
Sólo uno aceptó, según sus dichos. El resto fueron vendados de los ojos y tirados al suelo de un galpón cerca de la pared. Los presuntos Zetas advirtieron a los migrantes que los iban a matar antes de abrir fuego.
Lala se recupera de una herida en el cuello en un hospital donde es protegido y México informó que le ofreció una visa humanitaria para permanecer en el país, algo que el ecuatoriano aún no ha decidido.
Los 72 cuerpos fueron localizados el martes en una finca de la comunidad de San Fernando, en el norte de Tamaulipas, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El hallazgo ocurrió después de que Lala logró escapar e informó a las autoridades .
La Procuraduría del estado norteño de Tamaulipas señaló en un comunicado que de los 31 migrantes identificados 14 eran originarios de Honduras, 12 de El Salvador, cuatro de Guatemala y uno de Brasil. Refirió que aún faltan por identificar a las 41 víctimas restantes.
La vocera de la cancillería guatemalteca Andrea Furlán informó que el padre de una de las víctimas aseguró que en los días anteriores a la masacre recibieron llamadas "de personas con acento mexicano que les pedían 2.000 dólares por liberar a sus familiares".
El canciller salvadoreño Hugo Martínez pidió a la prensa local de su país no publicar información de las familias de las víctimas. "Tratemos de no dejar vulnerables a las familias de las víctimas, porque eso desencadenaría en una situación más grave", expresó.
Su vicecanciller, Juan José García, indicó que por "precaución" los diplomáticos salvadoreños que siguen las pesquisas de identificación de los cadáveres son trasladados durante la noche a la ciudad fronteriza texana de McAllen.
"La situación está complicada en Tamaulipas. Entonces por precaución el gobierno (de México) proporcionó toda la asistencia a nuestros funcionarios diplomáticos para garantizar su seguridad", señaló García en rueda de prensa.
El canciller hondureño Mario Canahuati pidió en Tegucigalpa a los indocumentados de su país que estén en camino hacia Estados Unidos que se comuniquen con sus familiares "para decirles que están bien y de esa manera alejar preocupaciones de ellas".
El fiscal General de Ecuador,Washington Pesántez, informó en Quito que autoridades mexicanas han confirmado la muerte de seis ecuatorianos.
Añadió que la Fiscalía abrió una investigación para ubicar y desarticular las bandas de "coyoteros", las bandas que llevan migrantes ilegales a EEUU.
Los cuerpos de todas las víctimas fueron trasladados a la ciudad de Reynosa, cercana a San Fernando, la comunidad donde los cadáveres permanecieron al menos hasta el jueves dentro de una caja refrigerante colocada en una funeraria privada que estaba fuertemente resguardada por marinos.
Los cadáveres estaban el viernes en una funeraria privada de Reynosa, resguardada por policías federales fuertemente armados.
El vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, dijo la víspera que al parecer los migrantes fueron asesinados después de negarse a colaborar con Los Zetas.
Un informe presentado en 2009 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que anualmente unos 20.000 migrantes son víctimas de secuestro, aunque el gobierno federal no avala las cifras.
"Estamos hablando de la complicidad de múltiples autoridades a lo largo de las rutas que usan los migrantes", señaló el jueves a la estación MVS Radio el coordinador del reporte Mauricio Farah. "Cuarenta, 80, 100 migrantes dentro de camiones o en los trenes no pueden pasar desapercibidos ante las autoridades".